El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional inició un proceso penal por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución contra el juez 1ro. de Instrucción en lo Penal en materia Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate.
La autoridad judicial había determinado este viernes que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, implicada en el caso del presunto desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), abandone la cárcel de Miraflores y cumpla detención domiciliaria.
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, indicó a primera hora de la tarde de este viernes que la decisión fue asumida con una resolución que no se encontraba en la petición que planteó la defensa de Achacollo.
“El juez, de manera oficiosa, incluyó un argumento ajeno a la petición para la audiencia y de manera inexplicable y llamativa dictó una resolución determinando la cesación de detención preventiva”, denunció Melgar en una conferencia en la Casa Grande del Pueblo.
Lo que correspondía, según Melgar, era que el juez Zárate no dé curso a ese nuevo recurso toda vez que las partes no habían sido notificadas. Pero el juez en su decisión, no fundamenta la cesación a la detención preventiva de Achacollo en base a nuevos elementos para desvirtuar la detención preventiva, sino que introduce, de manera oficiosa, el vencimiento de plazo.
“Por ese motivo, nosotros estamos iniciando un proceso penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Pero también tenemos una gran preocupación, ya que el Órgano Judicial sigue con una actitud inactiva en los procesos penales que se iniciaron antes de la cuarentena, lo que está provocando que todas las personas que están con detención preventiva como en el caso de la señora Achacollo, donde se robaron $us 170 millones, se ponga en peligro recuperar esa plata”, lamentó el viceministro Melgar.
EL caso del Fondioc o Fondo Indígena, que fue creado mediante el Decreto Supremo 28571 el 22 de diciembre de 2005, registra un daño económico al Estado de al menos $us 170 millones y es parte de la lista de los 60 casos que quedaron paralizados en su investigación, debido a la suspensión de actividades del órgano judicial.
El Deber
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