Envían a la cárcel a dos militares por los conflictos en Huayllani el 2019

Los militares Iván Inchauste R. y Pablo Guerra C., fueron remitidos a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva por cuatros meses, ambos son investigados por los conflictos que se produjeron en Huayllani de Cochabamba en noviembre de 2019.

El fiscal del caso, Fabricio Daza, explicó que la audiencia cautelar se desarrolló contra cuatro jefes militares, dos fueron remitidos a la cárcel, mientras que Aldo Bravo y Moisés Mejía se beneficiaron con detención domiciliaria con custodios y el pago de una fianza de Bs 150 mil, por su delicado estado de salud.

“Se ha otorgado la detención preventiva de dos militares por el plazo de cuatro meses, mientras que otros dos fueron beneficiados con detención domiciliaria y una fianza económica de 150.000 bolivianos”, informó el fiscal.

Los cuatro militares fueron imputados por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, donde fallecieron 12 personas por armas de fuego y otras 125 resultaron heridas.

Por otra parte, el representante de los familiares de las víctimas, Roberto Jukimari, observó el avance de las investigaciones y reclamó que aún se encuentre en etapa preparatoria cuando pasaron más de dos años del conflicto que ocasionó la renuncia de Evo Morales.

Con relación a la detención domiciliaria de los dos uniformados, Daza adelantó que presentarán una aplicación a la decisión del juez.

La audiencia se prolongó por más de 12 horas, donde se presentaron los familiares de las victimas que exigían justicia. Mientras que otro grupo de personas del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidieron la libertad de los militares.

“(Las muertes se han ocasionado con) proyectiles que no son de unidades militares. Esperamos que se tomen en cuenta esas pruebas para que los imputados sean liberados”, dijo Fernando Valencia en representación del Conade.

Según el informe del fiscal, se ampliaron las investigaciones contra el coronel Óscar Armando Caba Hurtado y el instructor militar Boris Cristian Pastor Paz.